LA CLAÚSULA GATILLO AL REVÉS: HOY PARA EL INTENDENTE DE ROSARIO, MAÑANA...

 

Un reclamo generalizado de los trabajadores es el de un salario equivalente al costo de la canasta familiar. En tiempos de inflación como los que vivimos, esta aspiración se torno más imperiosa, porque la misma hace trizas los sueldos en poco tiempo.

Por supuesto que la enorme mayoría está lejos de cobrar eso y, todo lo contrario, se encuentra más cerca de la línea de pobreza que de esa suma.

El salario promedio es de unos 2.300 pesos pero existe una masa enorme que mediante las leyes de flexibilización (que ni el llamado gobierno popular ha tocado) tiene salarios de menos de 2.000 pesos. Un 70 % de los trabajadores ocupados cobra sueldos por debajo de esa suma. Esto no pasa, además, sin la participación activa de los distintos Gobiernos Provinciales y Municipales que concurren con la Nación a la falta de control sistemática.

La Constitución misma habla de salario mínimo y vital y en esto pareciera aproximarse a la consigna de salario mínimo, vital y móvil partiendo del costo actual de la canasta familiar.

En el marco del conflicto actual de docentes y estatales, han sido los maestros quienes con mayor claridad han planteado su reclamo en ese sentido, aunque la burocracia sindical se quedó con la facultad de decidir cuánto es el monto de esa canasta familiar, o simplemente cuándo se aproxima o "es acorde” con la suma necesaria para cubrirla.

El mismo Gobierno provincial ha asumido que sus miserables propuestas para los estatales son nada más que una especie de actualización para cubrir el deterioro que los salarios puedan haber sufrido en enero, y para decir esto, suponen cínicamente que durante el año pasado se había operado una recomposición que puso a todos en óptimas condiciones salariales. Pero avanzó aún más con la charlatanería, advirtiendo que durante el año se contemplarían periódicamente los desfasajes que pudieran producirse para otorgar nuevos aumentos. En una palabra, la cláusula gatillo quedaría en sus manos, y el Gobierno avisaría en qué momento está pagando poco y también decidiría qué tanto hay que actualizar los salarios. O sea: los trabajadores a despreocuparse, que el patrón Estado vigilará de acá en más que el patrón Estado no pague miserias.

Así que la consigna de salario mínimo, vital y móvil, equivalente al costo de la canasta familiar y actualizado según los índices de aumento de precios, con cifras sacadas por nuestros propios técnicos y no por entidades patronales o estatales (recordemos que rigen los índices Moreno del INDEC) al menos en esta Provincia se vería realizada, ya que el Gobierno (oferente de un 7 % de aumento para actualizar salarios que dice son excelentes) custodiaría que se cumpla.

Cuando los trabajadores decimos que deben ser nuestras cuentas, las que sacamos nosotros, no es porque sí nomás. En Argentina, la disposición del art. 14 bis de la Constitución Nacional, que habla del derecho a un "salario mínimo vital móvil”, éste es determinado de la peor forma para los intereses del pueblo. "El Consejo del Salario Mínimo –conformado por entidades empresarias, sindicales y el ministerio de Trabajo” [es decir, patrones, Estado y burócratas sindicales] es quién decide qué es eso de "vital y móvil” y "llegó a un acuerdo...  para elevar el Salario Mínimo Vital y Móvil ... ¡a 1.500 pesos en enero de 2010.!”. Por eso jamás podemos dejar en manos de entidades gubernamentales la determinación de nuestros salarios y por eso mismo es que los estatales de Santa Fe protagonizan un plan de lucha tan grande.

Pero una cosa es esa ridícula pretensión de Binner y sus secuaces.

Otra es que, en la misma senda de estos disparates que por más que lo sean, son dañinos para los trabajadores, un Gobierno municipal, nada menos que el de Rosario, pretenda aplicar la cláusula gatillo...a los impuestos que cobra y que cada vez que aumenten los precios que le cobren por lo que sea a la Municipalidad (mayores costos le llaman a eso) los tributos se aumenten automáticamente. O sea, el revés de lo que planteamos los trabajadores, porque uno de los fundamentos de la necesidad de actualización salarial, son los impuestazos y tarifazos reiterados que forman parte del aumento de costo de la canasta familiar, en la que la vivienda, alquilada o propia, es un rubro esencial, como es que del techo que se trata nada menos. El Intendente pretende una cláusula gatillo contra los salarios, específicamente contra los salarios. Esto no es una ocurrencia: el Intendente menciona como principal fundamento del impuestazo perpetuo, que con los impuestos (llamado TGI, Tasa General de Inmuebles) sólo se llega a pagar el 34 % de los salarios.

En una ciudad multitudinaria como Rosario, donde vive más de un millón de personas -lo que representa cerca del 30 % de la población de la Provincia- hacer esto es sentar un principio nefasto para el conjunto de la misma, que seguramente aprovecharán como antecedente las 50 municipalidades y centenares de comunas, ya que desde las llamadas de "primera” hasta la última Comuna, pueden seguir el ejemplo en el caso que se valide la pretensión.

El Intendente Lifschitz pretende imponer para más de un millón de trabajadores y sus familias, una contribución permanentemente actualizada, para que una minoría parásita de ricos, de unos pocos miles, disfrute de obras y servicios concentrados con todos los beneficios en las zonas de residencias y negocios céntricos y de lujo, y la orfandad media y total en los barrios proletarios.

Esto tampoco es una ocurrencia y sólo cambiaremos de opinión el día que en Villa Banana haya WiFi como en las peatonales; cuando Empalme Granero tenga un centro de salud cada diez cuadras como en el centro o macrocentro; cuando Magnano disfrute de un transporte a cualquier punto de la ciudad con frecuencia de unos 10 segundos como en el micro centro; cuando Puente Gallegos tenga un parque de ambulancias cercanas como hay "entre avenidas”; cuando hasta la última casa de Bella Vista o Cabín 9 tenga agua potable; etc. etc.

O sea, nunca vamos a cambiar de opinión en este sistema regido por el criterio de la ganancia, que organiza las ciudades y regula su desarrollo y condiciones de vida según el principio de la máxima ganancia que se pueda obtener y en consecuencia nada da a quien nada tiene, porque acá la cosa es que para la consideración rige el "tanto tienes, tanto vales”.

Pero acá esta el asunto: a la hora de tributar, todos son, por fin, iguales y los que más pagan son los muchos que menos tienen, mientras que los que más aprovechan son los pocos que tienen mucho.

La pretensión de Lifschitz, en resumidas cuentas, es una verdadera cláusula de gatillo fácil. Un gatillo fácil económico para fusilar los magros ingresos de los trabajadores en beneficio de las patronales que son las que aprovechan.

 

Es una provocación que, justamente en momentos en que se desarrolla la huelga de trabajadores estatales más grande en décadas, el Intendente de Rosario nos conteste con la pretensión de establecer el principio diametralmente opuesto a los intereses populares.

Es una obligación responder a esa provocación en todos los terrenos, en primer lugar, sumando la lucha de los trabajadores municipales a la de todos los estatales y oponiéndose con la movilización a este impuestazo con el que, descaradamente, se pretende golpear el bolsillo flaco del trabajador, cuando aún ni siquiera se le reconoce la justicia y necesidad de su reclamo.



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